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Delitos flagrantes de gobiernos autonómicos, alcaldías y del gobierno de España

Por Fran Vega

No tenemos ningún toque de queda, a estos psicópatas les gusta mucho retorcer la terminología y hay que llamar a las cosas por su nombre. Tenemos una clara limitación de uno de los derechos más fundamentales y universales, que ni siquiera necesita que esté escrito en un papel.

Pero basándonos en las leyes, ¿qué ha ocurrido? El artículo 19 dice lo siguiente:
«Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.»

El artículo 19, el que se refiere a la libre circulación y movilidad ha sido violado desde marzo de una forma abusiva, tanto por el gobierno, comunidades y alcaldías, aplicando confinamientos y violando derechos universales sin ninguna legalidad y sin tener ninguna base científica. Sumando también, que estas medidas no son sanitarias, sino políticas e ideológicas, y recordando además, que el propio gobierno reconoció que no había ningún comité de expertos. Por tanto, volvemos al inicio de todo, con una total y descarada violación constitucional que supone cometer delitos gravísimos, tanto por parte del gobierno del Estado como por parte del resto de gobiernos comunitarios o alcaldías que han aplicado por su cuenta suspensiones de derechos fundamentales.

Las comunidades autónomas no tienen potestad para decretar suspensiones de este tipo de derechos, eso solamente puede hacerlo el gobierno, por tanto, es una clara violación del artículo 149 de la C.E. y tienen que ser juzgados por cometer graves delitos al decretar leyes ilegales e inconstitucionales.

Pedro Sánchez y los vicepresidentes del gobierno Carmen Calvo y Pabo Iglesias, en el Congreso.

Con el estado de alarma el gobierno tampoco puede suspender derechos fundamentales. Para ello basta con que nos vayamos al artículo 55, que dice así:
«Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución».

Ya sabemos que dice el artículo 19, veamos ahora que dice el artículo 21, que también está siendo brutalmente violado:
«1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.

2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.»

Pues bien, como podéis observar, cualquier persona puede reunirse con otras personas, sean amigos, familiares o lo que sea, en cualquier lugar, sea en la calle o en una casa. Se entiende por «reunión» la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada. La manifestación es una reunión de personas en lugares de tránsito público y que se desplazan de un sitio hacia otro.
Aclarado la diferencia entre reuniones en lugares de transito público y manifestación, está claro que cualquier ciudadano puede reunirse o juntarse con amigos o familiares y celebrar fiestas, cumpleaños o simples reuniones que no tienen un motivo determinado.

Así pues, estamos viendo, de forma totalmente demostrada, que se están violando derechos fundamentales de una forma totalmente desproporcionada, sádica e ilegal. Viendo que en España el Tribunal Constitucional está tan corrompido como la fiscalía que dirige el propio gobierno del PSOE, solamente cabe esperar que un tribunal internacional juzgue a todos estos criminales y los encierre por delitos de lesa humanidad, por haber cometido delitos de esclavitud, detenciones arbitrarias y tortura (la tortura es el acto de infligir dolor y daño físico o psicológico por parte de una autoridad pública, o de alguien amparado por ella, con el fin de dar castigo).

Tema aparte, sería hacer una investigación exhaustiva para conocer a fondo lo que ha ocurrido con los miles de muertes de ancianos en residencias.

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