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EL DELINCUENTE SE ENJUICIA A SÍ MISMO

Opinión. Por Manuel Bajo

Los partidos  políticos del régimen diseñaron un sistema de privilegios en su beneficio que hoy perdura. Legislan en su propio beneficio en lo económico, en lo político y en lo penal.

Vamos a referirnos al ámbito penal: “el delincuente se enjuicia a sí mismo”

Todo se orienta a garantizar su impunidad en caso de cometer algún delito, de corrupción especialmente.

Basta seguir el rastro de la Constitución y todas las normas que la desarrollan para saber cómo funciona su régimen de privilegios.

La primera defensa que los partidos establecen en su protección penal es la Fiscalía General del Estado. Al Fiscal General del Estado, como bien dijo Pedro Sánchez en entrevista televisiva,  haciendo imprudente ostentación de fanfarronería pretenciosa de poder, lo nombra el  Gobierno. Quien nombra, manda, expresó el zafio don Pedro. Entre bastidores debieron reprender su imprudencia que dejaba a la justicia en cueros, como efectivamente está y corrigió, es decir, mintió, afirmando que la Fiscalía se caracterizaba por su independencia.

Dolores Delgado
Dolores Delgado, Fiscal General del Estado

La Fiscalía que está sometida a jerarquía y obediencia,  puede proponer en las causas penales que no hay “caso” como acabamos de ver con las demandas por fallecimiento del coronavirus. La señora Fiscal General del Estado ordenó esa medida y sus subordinados obedecieron.

Los partidos políticos, sin embargo, no están satisfechos y proponen reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuyendo a los fiscales la competencia para instruir las causas penales, en vez de los jueces. El colmo del manejo de la justicia.

El artículo 122 de la Constitución española y el 567 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,  establecen que son los partidos políticos – Congreso y Senado – los que nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial – CGPJ – Dicho llanamente, los partidos mayoritarios nombran a sus afines ideológicos, a sus amigos, en el CGPJ, ya sean jueces o magistrados o juristas -de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión. Dicho Consejo es el órgano de gobierno de los jueces.

CGPJ
Carlos Lesmes y otros miembros del CGPJ

De esta manera ya se ha establecido el segundo  de los escalones que garantiza la no independencia judicial de los poderes legislativo y ejecutivo.

Ahora el más totalitario, mentiroso, déspota e incompetente  de los Gobiernos habidos desde 1978, ha propuesto una proposición de ley –y no proyecto de ley para evitarse los informes de CGPG, de la Fiscalía y del Consejo de Estado–, para que el nombramiento de los miembros del CGPJ se haga por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado en vez de por mayoría de 3/5. Vamos, que PSOE y PODEMOS quieren designar a los suyos en el CGPJ. Con 3/5 no pueden; con mayoría absoluta sí. Todo huele a la urgencia que tiene don Pablo Iglesias de nombrar a los suyos en el Tribunal Supremo a ver si se libra de ser procesado en el asunto “Dina”. Así es de impúdico el régimen político que soportamos. ¿Progresistas?

Pero este segundo escalón todavía no garantiza la impunidad de los miembros de los partidos políticos en la esfera penal. Es necesario que los miembros del CGPJ tengan la competencia, como la tienen,  para nombrar a su antojo a Presidentes de Sala,  jueces y Magistrados de las más altas instituciones judiciales del Estado: Tribunal Supremo; Audiencia Nacional, Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia. De esta manera la cadena de la amistad y de las afinidades políticas se extiende a los órganos que han de enjuiciar a los políticos corruptos.

¿Y cómo se garantiza que un político sea enjuiciado por órgano judicial cuyos miembros han sido designados por quienes su partido y los partidos que han consensuado esa estafa que arruina toda independencia judicial de nombrar a los miembros del CGPJ? Sencillo. Con el aforamiento. De esta manera se determina qué órgano enjuiciará al delincuente. La Sala Segunda del Tribunal Supremo es la encargada de enjuiciar a Diputados, Senadores -si la Cámara aprueba el suplicatorio del Supremo-, Presidente del Gobierno, Ministros. Y el Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia a los Presidentes autonómicos, a los miembros del Gobierno y a sus Diputados.

A usted y a mí nos enjuicia el órgano judicial que nos toque por reparto. Igualdad ante la ley, vamos. 

Aforamientos - Decíamos ayer
Aforamientos: Decíamos ayer…

¿En las Comunidades Autónomas quién determina el nombramiento de Presidente, Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia? La Comunidad Autónoma conforme a sus Estatutos. Por eso los miembros de su Gobierno y los Diputados autonómicos están aforados ante ese Tribunal o ante el Supremo. Un diseño perfecto.

Pero supongamos que los hechos penales cometidos por los políticos enjuiciados son tan evidentes, constatados  y graves que es inevitable condenarles, salvo prevaricando. O que los Magistrados que los enjuician tienen la dignidad y el amor por la justicia de la Juez Alaya y los condenan.  En ese caso el político tiene otras vías de escape a la prisión y a otras consecuencias de la condena, que le garantice la impunidad: el régimen penitenciario en manos del partido al que pertenece o del que ha consensuado el manejo del poder judicial mediante los mecanismos vistos y el indulto en manos del Gobierno del partido que gobierna.

Las prisiones, en manos del Ministerio del Interior, pueden decidir, a través de la Junta de Tratamiento, la clasificación del condenado en tercer grado lo que implica que  puede sólo pernoctar de lunes a jueves en el centro penitenciario –o ningún día.

El caso de José Barrionuevo es ilustrativo: condenado en julio de 1998 por la Sala Segunda del Tribunal  Supremo a diez años de prisión y doce de inhabilitación absoluta por secuestro y malversación de caudales públicos, fue indultado por el Gobierno del PP de Aznar –indulto impulsado por el Tribunal Supremo– perdonándole dos tercios de su condena. Se le concede el indulto el 24 de diciembre de 1998, es decir, cuatro meses después de ser condenado. El PSOE se quejó al Gobierno del PP por no darle el indulto total como el partido del corrupto quería.

Rafael Vera y José Barrionuevo cuando entraron a prisión

La institución penitenciaria le concedió una modalidad especial de tercer grado  que le eximía de pernoctar en prisión.

Semejante suerte corrieron los condenados con él, Rafael Vera, Julián Sancristóbal; Francisco Álvarez; Miguel Planchuelo y Ricardo García Damborenea -secretario entonces de los socialistas vizcaínos.

José Barrionuevo era funcionario público  del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social que al ser inhabilitado por la sentencia supuso la pérdida de tal condición.

El 24 de diciembre de 1998 -¡Qué coincidencia!– se publicaba en el BOE el Real Decreto 2669/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprobaba el procedimiento a seguir en materia de rehabilitación de los funcionarios públicos que habían perdido su condición de tal en el ámbito de la Administración General del Estado. El Gobierno le concedió dicha rehabilitación como funcionario habiéndose jubilado en el ejercicio de las funciones de su Cuerpo.

Con anterioridad esa inhabilitación suponía la pérdida a perpetuidad de la condición de funcionario.

Bien, por si esto fuera poco, nos queda un escalón más de privilegio de los miembros de los partidos políticos: el Tribunal Constitucional. Este Tribunal es es el más político de todos. Nombrados sus Magistrados por los partidos políticos, es el cierre del sistema. Sus funciones de control de constitucionalidad han sido sustraídas a los tribunales ordinarios, convirtiéndose él en Tribunal especial que garantiza a los partidos el control de todo el sistema. A las resoluciones independientes y ajustadas a Derecho de los Tribunales ordinarios que disgusten a los amos del negocio, es decir, a los partidos políticos, les espera el Tribunal menos independiente de todo el entramado judicial: El Tribunal Constitucional.

Remata la independencia judicial la existencia del Ministerio de Justicia, que por su denominación ya traduce la impúdica unión de los poderes del Estado: Ministerio, poder ejecutivo y Judicial, poder judicial.

Así que el delincuente se enjuicia a sí mismo. Y presume de igualdad de todos los españoles ante la Ley. Mayor cinismo no cabe.

¿Qué hacer para impedir semejante escándalo?

Primero separar los poderes legislativo y ejecutivo. Luego garantizar la independencia judicial rompiendo toda relación del poder judicial –Jueces, Magistrados, Tribunales de justicia, Ministerio Fiscal– con los poderes legislativo y ejecutivo. Suprimiendo el Ministerio de Justicia.

El CGPJ ha de ser elegido no por los jueces y magistrados, como se propone desde dentro de algún sector del régimen porque no garantiza su independencia, sino por todos los agentes que intervienen en la administración de justicia: Jueces, Magistrados, Letrados de la Administración de Justicia, Abogados, Procuradores, Peritos, Forenses, traductores, etc.

La carrera profesional del Jueces y Magistrados debe garantizarse mediante el establecimiento previo a todo concurso de los méritos a valorar para cada puesto de trabajo sin dejar al arbitrio del CGPJ esa determinación.

Se trata de que Jueces y Magistrados no se sientan mediatizados en su función jurisdiccional por nada, ni por nadie.

Si en lo penal es escandaloso, en la esfera económica no lo es menos. Nos queda pendiente desarrollar este asunto. 

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