miércoles. 23 de septiembre de 2020
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El gobierno quiere que los jueces de base no puedan aplicar la ley sobre las medidas ante la Covid-19

Redacción cuentatucaso.com

Consiste en una reforma de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa con cuatro objetivos. La competencia pasará a ser de los tribunales superiores de Justicia de cada comunidad autónoma, en lugar de los juzgados de lo contencioso-administrativo, para las medidas de carácter general; se establecerá la tramitación preferente de estas autorizaciones o ratificaciones que tendrán que resolverse en un plazo máximo de tres días naturales para agilizar aún más su tramitación. También propone incorporar al Ministerio Fiscal, al que no siempre se le consulta, en este tipo de procedimientos.

Ésta ha sido la reacción del gobierno ante la negativa de la mayor parte de las comunidades al «estado de alarma individualizado» porque querían poder decretar medidas excepcionales bajo la norma ordinaria y sin trabas judiciales. Es decir, unilateralmente y sin estado de alarma de por medio que les obligaba ir al congreso de los diputados a defenderlo y a pedir su prórroga.

El gobierno entendió que las comunidades autónomas querían decidir sobre la restricción de derechos y libertades sin tener trabas jurídicas durante la situación excepcional de la Covid-19 cuando ofreció a las autonomías el «estado de alarma individualizado». Hoy ha entendido, que además quieren hacerlo unilateralmente, sin el consentimiento de ningún órgano central, así que ha eliminado a los magistrados de base para que puedan aplicar la ley sobre esta cuestión, que son precisamente los tribunales totalmente independientes del poder político y los que estaban tumbando parte de las medidas autonómicas de restricción de derechos que estaban tomando los gobiernos autonómicos para supuestamente hacer frente a la crisis sanitaria. Medidas éstas, que sí que se podrían hacer bajo el Estado de Alarma tal y como está dispuesto en la constitución española, sin que sea «individualizado», donde el gobierno de España asumiría la gestión de la situación.

La propuesta normativa se articularía, previo acuerdo con los grupos parlamentarios, mediante una enmienda al proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. El proyecto se encuentra ahora mismo en trámite de enmiendas en el Senado y tras su aprobación en esta Cámara, pasará al Congreso para ser ratificado, lo que permitiría su entrada en vigor en un plazo muy breve.

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1 comentario

  1. Esto es ¡más madera! para la caldera de la ya vieja locomotora encarrilada en la misma dirección de siempre: la del artificioso cantonalismo disolvente de la unidad jurisdiccional en el territorio español

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