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EL «LAVARSE LAS MANOS» DE LOS INCOMPETESTES. HASTA CINCO VECES O MÁS AL DÍA

Por Manuel Bajo:

Nos tuvieron más de tres meses en prisión domiciliaria como consecuencia del covid-19. Gracias a ese sacrificio de los españoles «se controló» la difusión de la pandemia.
En dos meses tras la supresión del estado de alarma – en realidad de excepción porque en el de alarma no se puede suspender ningún derecho fundamental como los de libertad y libre circulación, sino solo limitarlos (lo que sea limitación ni el propio legislador lo sabe)- estamos ya alcanzando niveles de contagio que «superan» los de marzo y abril.

¿A qué se debe semejante escándalo?
A la incompetencia de quienes controlan y gestionan las Administraciones Públicas: Administracion General del Estado, especialmente; Administraciones Autónomas y Administracion Local.

En España donde no se planifica nada y, en consecuencia, se está supeditado al acontecimiento, la incompetencia de quienes dirigen esas Administraciones – los partidos políticos del régimen – permanece oculta hasta que un hecho, en este caso el covid-19, obliga a tomar decisiones, a demostrar la solvencia, formación, preparación y destreza. En tales circunstancias ya no cabe el disimulo, el incompetente no puede esconder su ineptitud. En ello estamos.

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Estamos asistiendo, gracias al covid-19, a constatar la incapacidad y torpeza de quienes nos desgobiernan. El Gobierno – desgobierno- acusa a las Comunidades Autonomas y éstas al Gobierno de ser los responsables de la nueva expansión de la pandemia. Y ambos acusan al ciudadano por irresponsable.

Estos que nos desgobiernan a nivel central y autonómico no aplican e ignoran su propia legislación, la que ellos se han dado para sí.
Veamos.
La Constitución en su articulo 149. 16 atribuye al Estado en exclusiva las «Bases y coordinacion general de la sanidad», cuestiones desarrolladas en diversas leyes estatales. Las Comunidades Autónomas asumen la gestión – pone gestión- de la sanidad en su territorio, si así lo deciden sus Estatutos.
Por tanto, es el Estado el competente para legislar las bases de la sanidad y su coordinacion general. El Gobierno ha hecho dejación absoluta de su responsabilidad delegando ilegalmente en las Comunidades Autónomas.

Pero el verdadero problema no está ahí. Está en las medidas que la pandemia impone y que afectan a derechos fundamentales de los españoles. En concreto, aunque hay otros, a la inviolabilidad del domicilio – art. 18.2 CE- ; libertad de residencia y circulación – art. 19 CE- y derecho de reunión – art. 21 CE –

Estos derechos y otros más que no se han visto afectados por el covid-19, SOLO se pueden suspender de manera colectiva en los estados de excepción y sitio y de forma individual en los supuestos de terrorismo.
El Estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. El de sitio lo declara por mayoría absoluta el Congreso de los Disputados.
El estado de alarma lo acuerda el Gobierno dando cuenta al Congreso, pero en él no se pueden suspender derechos fundamentales, solo limitarlos (¿?)

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Asi que cuando una Comunidad Autónoma decide el confinamiento de una población o la prohibición de salir de determinado ámbito territorial, NO TIENE COMPETENCIA PARA HACERLO y por eso hay jueces que se lo impiden y prohiben.

Ya sabemos, por tanto, que el grado de incompetencia de Gobierno y de las Comunidades Autónomas es sideral. Que ignoran su propia lesgislación.
En medio, nosotros los ciudadanos. Soportando a estos «lavadores de manos» que unas veces dicen «so» y otras «arre» y otras «so» y «arre» a la vez. Expresiones adecuadas para las caballerías, que es como nos consideran y tratan.

Así que el coronavirus ha venido a mostrar las esencias de este corrupto régimen político, poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida.
No votes. Esto está montado para que solo los incompetentes accedan a las instituciones que determinan todo lo que afecta a nuestra vida.
No legitimes a estos ineptos que solo quieren el poder para enriquecerse.
Solo un sistema democrático, que no existe en España, puede garantizar el control del poder por el ciudadano.

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