miércoles. 23 de septiembre de 2020
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Lo del rey Juan Carlos está muy mal, pero, ¿y lo del clan Pujol?

Redacción

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) ha remitido al juez de la audiencia nacional José de la Mata, instructor del caso Pujol, un nuevo informe «definitivo» sobre el hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa, Mercè Gironès Riera, en el que eleva a 16,6 millones de euros el fraude fiscal cometido por la pareja entre 2002 y 2012.

En julio de 2014, Jordi Pujol confesó que disponía de una fortuna sin declarar cuyo origen se remontaba a la herencia de su padre. La policía estima el importe de esta fortuna oculta en el extranjero en unos 290 millones de euros. Por supuesto, el origen de este dinero, según los investigadores, no es la herencia de Florenci Pujol, ex presidente de la quebrada Banca Catalana, sino, presuntamente, las comisiones en la concesión de obras y servicios públicos, generados, en su mayor parte, durante los 23 años que Pujol presidió la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, estos 290 millones no serían, en todo caso, más que la punta del iceberg del coste de la corrupción en Cataluña. En realidad esto sólo corresponde a lo que los investigadores policiales han conseguido encontrar. Pero en cualquier caso, si el 1 por ciento de una parte del importe adjudicado irregularmente fuesen 290 millones de euros, en ese caso, el importe irregularmente adjudicado ascendería a unos 29.000 millones de euros, cifra incluso superior al presupuesto de la Generalitat en un año.

A todo esto hay que sumarle cinco cuentas en Andorra relacionadas con los Pujol y desconocidas hasta el momento; Suiza ha revelado que ha encontrado un fondo de inversión perteneciente a la familia con 18 millones más procedente de «conductas corruptas». Y Hacienda ha descubierto que, con el entramado societario de Robert Ribes, un testaferro andorrano, la familia ocultó otros 9 millones en Panamá.

La familia Pujol


No es una casualidad que en el invalidado Estatuto de Cataluña, se estableciese un Consejo de Justicia de Cataluña, es decir, que la Generalitat quería influir en la designación de los jueces que eventualmente pudiesen juzgar la corrupción. La progresiva deriva política de la antigua Convergencia hacia el independentismo se ha ido acelerando en los últimos años coincidiendo con la aparición de múltiples casos de corrupción que afectan al partido fundado por Jordi Pujol. El Procés hunde sus raíces en la presunta corrupción y el fraude confeso en el sistema montado por el «padre fundador», el padrino del nacionalismo catalán. El coste económico e institucional de la corrupción y del Procés ha sido descomunal y la impunidad que están teniendo es el combustible imprescindible de la huida hacia adelante del separatismo. La corrupción económica y moral ha desembocado en un crimen aún mayor contra la sociedad civil española, al atentar contra su integridad.

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