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Noticias, artículos, reportajes y entrevistas aparecidas en medios de comunicación, relacionadas con la pandemia de coronavirus en España.

El gobierno español renuncia a la soberanía de España en favor de las autonomías

Por Iván Ábalos Blanco.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo discrepa de la «interpretación» de la juez y ha recordado que ya se han «visto pronunciamientos diferentes» en situaciones similares. Ha desvelado este martes que le trasladó al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que el Ejecutivo catalán debería haber recurrido la decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Lérida, que este domingo rechazó ratificar el confinamiento anunciado por el Govern para la ciudad y otros siete municipios del Segriá para frenar la expansión del coronavirus. «Yo se lo dije al vicepresidente Aragonès. Ese auto habría que recurrirlo y habría una línea de trabajo bastante buena, puesto que la Generalitat tiene competencias para determinar decisiones de movilidad que no requiere la alarma», ha sostenido.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de sanidad Salvador Illa, que se ha mostrado partidario de detectar los rebrotes muy precozmente y «actuar sin contemplaciones». Ha añadido que «sin perjuicio del análisis que tendrán que llevar a cabo los servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto invada competencias». Illa ha asegurado que el Gobierno apoyará a la Generalitat «en todo lo que se nos pida» y ha destacado que el clima de colaboración y la relación «es muy fluida, no fluida, muy fluida, como no puede ser de otra manera ante una situación de crisis sanitaria como la que tenemos en el Segrià».

Sin embargo, al contrario de la opinión esgrimida por el ministro, no se trata de tener o no tener competencias, sino que es al revés. Se trata de tener la facultad de poder aplicar un Estado de excepcionalidad, donde las leyes y competencias ordinarias puedan perder vigencia. Y esto sólo lo puede hacer el soberano, que es el Estado español. Carl Schmitt ya lo definió cuando dijo que el soberano es quien decide sobre el Estado de excepción, siendo la excepción lo opuesto a la norma, y es por esto, que el soberano y sólo el soberano es quien puede decidir la suspensión del orden jurídico ordinario y los derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de movimiento (artículo 19 de la Constitución).

La soberanía está siendo traspasada del Estado central a las autonomías, con el gobierno como responsable principal por no hacer frente al soberanismo periférico e incluso por fomentar que el estado de excepcionalidad se haga desde los gobiernos autonómicos. Además, muchos gobiernos autonómicos ya han empezado a tomar medidas muy restrictivas a la población, ampliando el uso de las masacarillas aunque se mantenga la distancia de seguridad, en cualquier tipo de espacio abierto al público, ya sea cerrado o al aire libre, cuando los rebrotes están teniendo lugar principalmente por la llegada de extranjeros y por los encuentros familiares o festivos. Estas «desmedidas» están siendo tomadas en comunidades autónomas como La Rioja, donde apenas ha habido rebrotes.

La rendición de Breda, en versión Pedro Sánchez y Quim Torra.

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El confinamiento ordenado en Lérida por el «Govern» es ilegal y delito de rebelión

Redacción. Cuentatucaso.com

El fiscal jefe de la Audiencia de Lérida, Juan F. Bone, afirmó ayer en un escrito dirigido al Juzgado de Instrucción 1 que «es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso». Alegó que «en todo caso, el Presidente de la Generalidad, de acuerdo con el art 5º de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, podrá solicitar del Gobierno la declaración de estado de alarma».

El Juzgado de Guardia de Lérida ratificaba esta noche a la fiscalía rechazando el confinamiento ordenado por el «Govern» en Lérida y otros siete municipios ya que considera que la resolución intenta «eludir la aplicación del estado de alarma parcial» que es «una competencia estatal» y se ejerce con garantía del Congreso. Es «inaceptable» tomar decisiones de este tipo con consecuencias «sociales y económicas» ya que «el Estado tiene en sus manos los mecanismos legales oportunos para paliar sus efectos en caso de adoptarse ese tipo de medidas». Además, detalla que el decreto del Estado para declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 «requirió la aprobación por el Congreso de los Diputados» y con una duración máxima de 15 días. Por eso, el juzgado rechaza el acuerdo de la Generalidad, ya que un confinamiento como el que se solicita excede las competencias autonómicas, e insta al presidente Quim Torra a pedir al Gobierno de España que declare el estado de alarma para poder restringir la libre circulación en la zona.

En la misma línea se pronunció el pasado 5 de julio el jurista Rubén Fraile Gisbert en su canal de Youtube «La guarida del zorro», acusando al gobierno de la Generalidad de cometer delito de rebelión y de lesa humanidad. Alega que Torra no tiene competencias ni potestad para confinar a la población, en este caso a los ciudadanos de la comarca leridana El Segrià, y que además no solamente afecta a los ciudadanos de esta comarca, sino al resto de los españoles que les es privada la libre circulación en los municipios en los que se establece el confinamiento. La ilegalidad de la medida junto con la participación de las fuerzas armadas a las órdenes del gobierno catalán, supone para Rubén un delito de rebelión que suspende un derecho de la Constitución como es el derecho de libertad deambulatoria (Artículo 19 de la Constitución Española). Rubén afirma que la violencia no tiene por qué ser manifiesta, sino que también lo es por vis psíquica como ocurrió con Milans del Bosch y el delito de rebelión que cometió el 23F; la presencia de los tanques en Valencia, como ahora los mossos de esquadra con el confinamiento leridano. Por último, Rubén asevera que esta medida ha sido decidida por fines políticos.

La Generalidad llamó a su decisión «preconfinamiento», quizá para evitar ser juzgada de cometer un delito. Según ha dicho la consejera de Salud, Alba Vergés, se ha adoptado después de notar un gran incremento de casos en los últimos días y de no poder controlar los brotes que han aparecido dentro y fuera de la comarca.

Mientras tanto, unas 300 personas se concentraron este domingo por la noche en la plaza Ricard Vinyes de Lérida contra el endurecimiento del confinamiento en la comarca del Segrià.

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Manifestación de protesta en Lérida por el anuncio del endurecimiento del confinamiento

La decisión de confinamiento de la Generalidad tuvo reacciones sorprendentes en Twitter por parte de los «influencers» y buena parte de la denominada derecha. Muchos que se jactan de defender la unidad y la soberanía española, arremetieron contra el gobierno por haber decretado el Estado de Alarma cuando la alternativa a eso es, según vieron en la orden del gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña, la exclusiva decisión de cada centro de poder autonómico. Una reacción que se deduce que fue porque está en el gobierno el del bando contrario, la denominada izquierda. Una vez más, España y la legalidad es lo que menos importa, lo que mueve a la mayoría son los partidos políticos y el conflicto entre izquierda y derecha.

Torra desobedece

Ante la decisión judicial, el presidente ilegítimo de la Generalidad, Quim Torra, ha vuelto a desobedecer a la legalidad llamando a la población de la comarca de El Segrià a que acaten el confinamiento dictado por la Generalidad. El gobierno de Cataluña piensa aprobar un decreto ley que reafirme el confinamiento y se niega a pedir al Gobierno español la aplicación del estado de alarma como le indicó el juzgado de instrucción de Lérida, manteniéndose con más firmeza aún en un delito de rebelión.

De nuevo, estamos viendo que en España se quiere gobernar desde las autonomías; que el protagonismo no lo tenga el gobierno de todos los españoles. El sistema autonómico de partidos hace posible que haya una lucha por el poder constante desde las autonomías contra el Estado central, de forma que España quede ninguneada como entidad política. El gobierno de España, que para formarse necesita el apoyo de otras fuerzas políticas y, prácticamente siempre, de fuerzas que están vinculadas con el poder autonómico, es indulgente con los delitos cada vez más frecuentes que se están cometiendo desde estas instancias territoriales.

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La Mentira y la manipulación

Por Jorge Azón

Fernando Simón está reconociendo, sin decirlo, que en marzo no hicieron lo que nos decían que estaban haciendo. Ha explicado que la situación de España con el coronavirus no es comparable con la que había en los primeros días de marzo pese a que las curvas de contagios de ambas fechas sean similares. Ha insistido que en aquella época el funcionamiento del sistema de vigilancia «era diferente» y «los retrasos» que se producían no permitían ver a situación real.

Hubo mucho debate sobre si se hacían los test necesarios. Pues ahora deja claro que al principio no se hacían suficientes test, ni se buscaba a sospechosos, ni se aislaba a los contactos, cosa que sí se hace ahora y por eso la curva no es comparable.

Lo peor de todo es que nos mintieron y eran muy conscientes de que lo estaban haciendo. Para reducir la transmisión en febrero y marzo tenían muchas opciones, pero no utilizaron ninguna: mascarillas caseras en lugares cerrados o concurridos, seguimiento de los enfermos y sus contactos, aislar a los grupos de riesgo, etc. Todo ese desastre y sobre todo no actuar nos llevó a la única medida que quedaba: El Confinamiento.

Fernando Simón en una rueda de prensa

«Durante todo este periodo hasta ayer se estaban haciendo pruebas a todos aquellos que presentaban sintomatología y podrían ser casos sospechosos», decía Fernando Simón el pasado 17 de marzo. Yo dije públicamente que esto era mentira porque el día 10 de marzo solicité hacerme una prueba tras varios días con síntomas y me dijeron que ya no se estaban haciendo las pruebas; órdenes del Ministerio.

Las palabras de ahora de Simón dejan claro que el 17 de marzo mintió.

En otros países meten a los «servidores públicos» a la cárcel por mentir de esta manera.

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Lo del rey Juan Carlos está muy mal, pero, ¿y lo del clan Pujol?

Redacción

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF, dependiente de la Agencia Tributaria) ha remitido al juez de la audiencia nacional José de la Mata, instructor del caso Pujol, un nuevo informe «definitivo» sobre el hijo del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, y su exesposa, Mercè Gironès Riera, en el que eleva a 16,6 millones de euros el fraude fiscal cometido por la pareja entre 2002 y 2012.

En julio de 2014, Jordi Pujol confesó que disponía de una fortuna sin declarar cuyo origen se remontaba a la herencia de su padre. La policía estima el importe de esta fortuna oculta en el extranjero en unos 290 millones de euros. Por supuesto, el origen de este dinero, según los investigadores, no es la herencia de Florenci Pujol, ex presidente de la quebrada Banca Catalana, sino, presuntamente, las comisiones en la concesión de obras y servicios públicos, generados, en su mayor parte, durante los 23 años que Pujol presidió la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, estos 290 millones no serían, en todo caso, más que la punta del iceberg del coste de la corrupción en Cataluña. En realidad esto sólo corresponde a lo que los investigadores policiales han conseguido encontrar. Pero en cualquier caso, si el 1 por ciento de una parte del importe adjudicado irregularmente fuesen 290 millones de euros, en ese caso, el importe irregularmente adjudicado ascendería a unos 29.000 millones de euros, cifra incluso superior al presupuesto de la Generalitat en un año.

A todo esto hay que sumarle cinco cuentas en Andorra relacionadas con los Pujol y desconocidas hasta el momento; Suiza ha revelado que ha encontrado un fondo de inversión perteneciente a la familia con 18 millones más procedente de «conductas corruptas». Y Hacienda ha descubierto que, con el entramado societario de Robert Ribes, un testaferro andorrano, la familia ocultó otros 9 millones en Panamá.

La familia Pujol


No es una casualidad que en el invalidado Estatuto de Cataluña, se estableciese un Consejo de Justicia de Cataluña, es decir, que la Generalitat quería influir en la designación de los jueces que eventualmente pudiesen juzgar la corrupción. La progresiva deriva política de la antigua Convergencia hacia el independentismo se ha ido acelerando en los últimos años coincidiendo con la aparición de múltiples casos de corrupción que afectan al partido fundado por Jordi Pujol. El Procés hunde sus raíces en la presunta corrupción y el fraude confeso en el sistema montado por el «padre fundador», el padrino del nacionalismo catalán. El coste económico e institucional de la corrupción y del Procés ha sido descomunal y la impunidad que están teniendo es el combustible imprescindible de la huida hacia adelante del separatismo. La corrupción económica y moral ha desembocado en un crimen aún mayor contra la sociedad civil española, al atentar contra su integridad.

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Asoma la posibilidad de un nuevo Estado de Alarma

Redacción

El Gobierno ha considerado que los brotes activos que en estos momentos hay en España están «circunscritos y controlados» pero ha advertido de que «en ningún momento se puede bajar la guardia» y, aunque no se prevé de momento, volvería a decretar el estado de alarma si fuera necesario.

El estado de alarma permite, sobre el papel, poner a los cuerpos policiales, nacionales y autonómicos, como también a todas las autoridades civiles de la Administración, bajo las órdenes directas del Gobierno. Éste podría plantear una cuarentena en todo el territorio nacional de forma generalizada o una más restringida por zonas.

La ley faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. También se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como «intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados».

Es posible asimismo limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados. Ante crisis sanitarias, la ley especifica que el Gobierno podrá adoptar todas las normas establecidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.

Los brotes de coronavirus en España siguen en aumento, lo que ha provocado que se disparen los positivos, sobre todo por los focos de Lleida, hasta alcanzar los 333 en las últimas 24 horas, a las puertas de un fin de semana marcado por las elecciones en Galicia y Euskadi, donde los contagiados no podrán ir a votar.

Las comunidades autónomas continúan notificando brotes y entre los que más preocupan siguen estando los de Lleida, donde hay localizados una veintena, doce de ellos en empresas hortofrutícolas y cuatro en residencias de la tercera edad.

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La corrupción de la monarquía y la reacción de sus hijos; los partidos

Redacción

Este miércoles se han conocido nuevas informaciones sobre el patrimonio acumulado por el rey emérito de España Juan Carlos I fuera de las fronteras del país a través de sociedades como la Fundación Lucum tras recibir presuntamente 60 millones de euros en comisiones por parte del Reino de Arabia Saudí por la construcción del AVE a La Meca por parte de un consorcio de empresas españolas.

Esto ha vuelto a situar el foco mediático en el concepto de inviolabilidad judicial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado esta semana que dichas publicaciones son «inquietantes y perturbadoras» y ha celebrado que la Casa Real esté «marcando distancias». A continuación, ha añadido que la inviolabilidad del Rey «es uno de los preceptos sobre el que todos deberíamos reflexionar y ver qué solución le damos», pero que «la Constitución española tiene que evolucionar conforme a las exigencias de ejemplaridad y conducta política de las sociedades»

En la misma entrevista, Sánchez aboga por una reforma en la Constitución para limitar el aforamiento de los cargos públicos a lo que dure su actividad parlamentaria o ejercicio correspondiente. Una modificación que también quiere introducir respecto a la figura del monarca. «Si eso lo defiendo para cualquier cargo público, lógicamente también para el jefe del Estado», subraya.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha alabado el comportamiento democrático, “absolutamente correcto” del rey Felipe VI y, en la línea marcada por Sánchez, lo ha diferenciado del rey emérito al “enfrentarse” a las informaciones sobre Juan Carlos I. En declaraciones a los periodistas, antes de presentar en Salamanca un Manual de Derecho Constitucional en perspectiva de género, Calvo se ha referido a una posible salida del rey emérito, y ha recordado que esa decisión “compete fundamentalmente a la que tome el jefe de la Casa Real, que es el rey Felipe VI” y que el actual Gobierno trabaja para que “las instituciones funcionen de forma democrática y la institución de Felipe VI hace su trabajo constitucional de manera perfecta”.

Aún no hay un pronunciamiento oficial de Unidas Podemos, ni del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Sí lo ha hecho la vicepresidenta tercera del Congreso y diputada de Podemos, Gloria Elizo, que ha pedido la dimisión de Felipe VI y la celebración de un referéndum sobre el modelo del Estado. El Gobierno quiere levantar un dique entre el monarca y su padre como este miércoles mostró el presidente, Pedro Sánchez, con elogios a la actitud de Felipe VI de desvincularse del anterior jefe del Estado al quitarle el sueldo y renunciar a su herencia. “La única manera de desvincular a Juan Carlos I de Felipe VI y de la Jefatura de Estado es un referéndum y la abdicación de Felipe VI”, ha escrito Elizo en su cuenta de Twitter. Su mensaje hace alusión a la defensa de partidos que como PP, Ciudadanos y Vox, hacen, junto al PSOE, a la figura del rey Felipe VI, a la que desvinculan del monarca emérito.

La monarquía de Juan Carlos de Borbón fue por obra y gracia de Francisco Franco. En julio de 1969 éste designó a Juan Carlos como sucesor a título de rey, nombramiento ratificado por las Cortes Españolas el 22 de julio de 1969, ante las que el joven príncipe prestaría juramento el mismo día de guardar y hacer guardar las Leyes Fundamentales del Reino y los principios del Movimiento Nacional, es decir, el ideario franquista. Tras la muerte de Franco, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos volvió a jurar Leyes Fundamentales del Reino y acatar los Principios del Movimiento Nacional, destinados a perpetuar el franquismo. El pueblo, tras la muerte del dictador, no tuvo oportunidad de decidir sobre el régimen que quería, ni siquiera se convocaron elecciones a cortes constituyentes. La Constitución, que no fue jurada por Juan Carlos sino que fue sancionada como una ley más, lo que explica que fue hecha a través del franquismo, fue fruto de unas cortes ordinarias, elegidas bajo el sistema electoral proporcional decidido así por decreto de Adolfo Suárez. Los partidos políticos y las Comunidades Autónomas no son otra cosa que facciones de un Estado que en esencia es el Estado que Franco creó, pero que se ha transformado desde una institución heredera de éste, como punta de lanza: la monarquía.

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Caso Dina: ¿un simple lío de faldas o una traición a los intereses nacionales?

Por Alicia Melchor Herrera.

Muchas bromitas con los cotilleos sobre Dilma Bousselham e Iglesias Turrión, pero me temo que todo esto oculte algo mucho más grave que unos cuernos.


No sólo ha sido el coronel Diego Camacho, ex-agente del CNI, quien ha dicho recientemente que Bousselham estuvo vinculada a los servicios de Inteligencia marroquíes. También se decía en 2015, cuando Bousselham fué elegida como asesora de Podemos, que «en medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles no se tiene dudas sobre la lealtad de la joven marroquí hacia su país». Si eso es verdad, el asunto de la tarjeta del teléfono y la destrucción de información comprometida puede ocultar todo un mar de fondo que explicaría tanto el cambio de posición de Podemos en 2015 con respecto a la causa saharaui, como el cierre de las oficinas consulares en el Sáhara Occidental, como las confianzas que se está tomando el gobierno marrroquí, que se pemite robarnos aguas territoriales delante de nuestras narices mientras el gobierno español mira para otro lado.

Dina Bousselham junto a Pablo Iglesias.

Dina Bousselham es ahora directora de la web “la última hora”, medio que dice luchar contra las noticias falsas y los bulos -pero en realidad a lo que se dedica es a ensalzar sin límite a Podemos y a atacar a los que les critican-, fué anteriormente asistente de Iglesias Turrión en Estrasburgo.

Aquí se quejaba de que el sistema «colonial y racista» español no la dejaba presentarse a las elecciones por ser ciudadana marroquí, y exigía que se modificara la ley de extranjería.

Pero antes de todo ello, Dina Bousselham estuvo vinculada a los servicios de Inteligencia marroquíes, y su vinculación perdura y no puede extinguirse, entre otras cosas porque según el orden constitucional de Marruecos, ningún marroquí puede renunciar a su nacionalidad, y la falta de lealtad al sultán es un delito de alta traición condenado con penas que van de 20 años de prisión a la pena de muerte.

Dina también militó en Francia, donde estuvo con una Erasmus, en el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), una formación de centroderecha marroquí fundada en 2007 por Fouad Ali el Himma, gran amigo de Mohamed VI.

Recordemos que allá por 2015, cuando Bousselham entró a formar parte de la Corte de Iglesias Turrión como consejera para asuntos políticos, Podemos dejó de apoyar al Polisario, alineándose con los intereses marroquíes en la cuestión saharaui. Ya por entonces se publicaba que «En medios cercanos a los servicios de inteligencia españoles no se tiene dudas sobre la lealtad de la joven marroquí hacia su país, sus instituciones y su política en relación con “la gran cuestión nacional”, como se conoce en Marruecos el conflicto del Sahara Occidental.»

La influencia de Bousselham, también explicaría porqué se cerró la delegación consular en el Sáhara Occidental en febrero de 2020, obligando así a 12.000 saharauis con nacionalidad española a ir a Rabat para realizar gestiones administrativas.

Marruecos hace oficial la ampliación de sus aguas territoriales, con España en estado de alarma. Cuatro páginas en el Boletín Oficial marroquí amplían la zona económica exclusiva en 200 millas y la plataforma continental en 350 millas.

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