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Organizaciones civiles contra los okupas ante la indefensión producida por la ley y las instituciones

Redacción cuentatucaso.com

Unos cincuenta vecinos de Premià de Mar (Barcelona) asaltan violentamente la casa que okupan cuatro jóvenes a quienes consideran autores de robos e incluso de una tentativa de agresión sexual en la población. Cinco ciudadanos retienen y golpean con furia a un joven que acaba de robar la cadena de oro a una anciana en Santa Coloma de Gramanet. En Badalona otro joven es retenido y agredido por vecinos después de intentar robar a un anciano que resultó herido en el asalto. En Llançà (Gerona), agentes de los Mossos d’Esquadra forman un cordón para proteger un domicilio okupado por jóvenes, a quienes los vecinos acusan de colarse en sus domicilios para robar. Dosrius, Sant Cugat del Vallés, Mataró o Barcelona, donde los  Barcelona Residents Against Robbery (BCN ROAR) actúan en el metro contra los carteristas, son ejemplos de ciudades catalanas que han visto cómo sus habitantes se coordinan autónomamente y sin tutela de la Administración para dar solución al auge delictivo.

Los alcaldes de algunos municipios defienden a sus ciudadanos y aseguran que se trata de un problema de seguridad, no de xenofobia. «Las experiencias demuestran que (las patrullas ciuadadanas) no ayudan a la policía y que pueden provocar situaciones tensas y derivar incluso en incidentes graves. Ayudar a la policía, sí. Hacer de policía, no», insisten los Mossos. La concejala de Seguridad Pública de Mataró, sin embargo, reclama también un cambio en la legislación. «La solución no es sólo policial, sino que deberían cambiar las leyes para que tengan en cuenta la reincidencia en delitos pequeños. Uno de los detenidos tenía 19 antecedentes. Esto es muy difícil de entender de cara al vecino y a nivel policial aquí poco podemos hacer», explica.

Precisamente, en el barrio de Cerdanyola de Mataró (Maresme), no están dispuestos a permitir que en nombre de una falsa cohesión social, ­elementos distorsionadores fragmenten la convivencia. «Somos un barrio acogedor, pero nunca protegeremos a los delincuentes», declara Bangaly Touré, presidente de la asociación de vecinos que ha hecho un llamamiento a las administraciones para atajar el problema que ocasiona un edificio ocupado en la calle Jaume I. «Es evidente que no es una reivindicación con tintes racistas”, apunta el presidente, de origen senegalés, que apoya a los vecinos en su petición para desalojar el que llaman «el bloque de los cien okupas». «Es un malvivir», resume Mariam, una joven marroquí nacida en Mataró que reniega de los «que no quieren integrarse, sino sólo robar y drogarse». La vida entorno al edificio es un suplicio, según cuentan muchos. «Tenemos peleas a navajazos hasta altas horas de la madrugada, y amenazas si nos quejamos», relatan. Los días más tranquilos están sometidos a una música atronadora «que no nos deja descansar hasta las cuatro de la madrugada», lamentan. «Eso, si no les da por petar la luz o inundar el estacionamiento al reventar las cañerías», recuerdan. Los vecinos denuncian que «la policía no se atreve con ellos». Insultan a los agentes y arrojan objetos al coche patrulla desde los pisos. Además, varios individuos del barrio, delincuentes españoles, actúan como conserjes, «por llamarlo de alguna manera». No sólo les facilitan la apertura de cerraduras y conexiones fraudulentas, sino que también actuan como receptadores de los objetos que roban los jóvenes durante la jornada. «Les pagan con droga a cambio de los móviles o las cadenas de oro». Los ocupas de Jaume I son violentos y no dudan en «sacar la navaja», relata Youssef, un marroquí de 53 años que ya estaba en los bajos cuando llegaron los adolescentes. Tienen multitud de antecedentes, y la Policía Local ha actuado en más de 25 ocasiones.

Vecinos protestando contra los Okupas

El aumento de la okupación de casas, la delincuencia y la inseguridad ciudadana está cada vez más extendido por todo el territorio español, y cada vez con más fuerza. Paralelamente, más organizaciones civiles o vecinales están actuando de alguna manera ante esta indefensión que hoy la legislación les produce. En Portugalete (Vizcaya), tres okupas fueron desalojados de una vivienda y otros cuatro fueron identificados, después de que los vecinos se concentraran ante la vivienda para instarles a abandonarla. La protesta se produjo tras haberse registrado un robo con violencia en la zona, que habrían atribuido a alguno de los ocupantes del piso. Vecinos de la localidad de Miguelturra (Ciudad Real) se concentraron frente a la vivienda okupada «haciendo saber a la familia de etnia gitana que había okupado la casa, vacía y propiedad de una entidad bancaria, que no podía estar ahí», explican las fuentes. Ante la disposición de los vecinos, la familia abandonó la vivienda. Al parecer, un hombre de origen marroquí entró por la fuerza en la casa, cambió el bombín y facilitó el acceso a terceros mediante un contrato falso de alquiler de vivienda. En Valladolid, en un mes los movimientos vecinales han conseguido desalojar en dos ocasiones a okupas.

Ante el miedo y la tensión generada por los okupas, los vecinos de la localidad de Colmenar de Oreja decidieron organizarse y plantarles cara: los vecinos tienen un grupo de WhatsApp para avisarse entre ellos cuando ven movimientos extraños en algunas de las casas o chalets. El enfrentamiento entre vecinos y ocupas llegó a las manos cuando los vecinos defendían una de las viviendas de una urbanización de la zona que estaba siendo okupada: «Ponen a los niños de escudo y se enfrentan», apunta otro vecino. Las okupaciones han derivado en duros enfrentamientos, con palos, puñetazos, sillas volando e incluso, con intentos de atropello, entre vecinos y okupas. Con la ayuda de la Guardia Civil, consiguieron paralizar esta ocupación que se produjo cuando la propietaria salió de su hogar por asuntos laborales: «Cuando llegué a mi casa, me encontré que se habían plantado allí porque les dio la gana», explica. Con un «modus operandi similar, los okupas se han hecho ya con 30 casas en la localidad. En la misma Comunidad Autónoma, vecinos de Alcorcón denuncian peleas por trapicheo de drogas y tienen muchísimo miedo ya que han ocupado locales que pertenecen a dos comunidades de vecinos. Los okupas son marroquíes y gitanos y «están usando bombonas de butano sin instalación justo debajo de nuestras casas, incluso han enganchado la luz a las viviendas porque los locales estaban cerrados». No obstante, y aunque la Policía interviene, el problema sigue sin solución

La ley de desahucio exprés, que actualmente está en vigor, permite agilizar el proceso por el que los propietarios de una vivienda en España pueden recuperar la misma en el caso de que haya okupas que se metan en ellas.Para ello, el propietario que se encuentra en esta situación debe presentar una demanda civil de desahucio para que, en el plazo de aproximadamente un mes pueda recuperar su vivienda.  No obstante, en la práctica el desalojo no se está aplicando con tanta rapidez como debería, tal y como denuncian muchas inmobiliarias y abogados.

En sentido contrario, el pasado mes de febrero el pleno del Parlamento de Cataluña convalidó el Decreto Ley de vivienda que obligará a los propietarios a ofrecer un alquiler a precio reducido (es decir, por debajo del precio de mercado) a aquellos okupas que lleven seis meses usurpando la vivienda y residiendo en ella sin autorización. Además, se amplía la definición de gran tenedor, que incluye a personas físicas con más de 15 viviendas. Los plazos serán de cinco o siete años, en función de si el propietario es persona o empresa. Otro de los problemas es que en caso de impago por parte de los inquilinos, los propietarios poco podrán hacer. Y es evidente que con la picaresca que hay instaurada en España, los inquilinos no pagarán en muchos casos ya que igualmente no podrán ser desahuciados al ser los propietarios de la vivienda grandes propietarios.

En la actualidad se calcula que en España hay cerca de 87.000 viviendas ocupadas de forma ilegal. Además, en muchas ocasiones los propietarios de estas viviendas con okupas no denuncian la ocupación por motivos diversos, principalmente por el miedo a represalias o por las coacciones que reciben por parte de las personas que están ocupando de manera ilegal sus viviendas. Los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad con respecto a la ocupación de viviendas corresponde a 2017, cuando se registró la cifra más alta de los últimos cinco años, con un total de 10.619 ocupaciones ilegales que fueron investigadas o denunciadas.

Según el Instituto de Estudios Económicos y su Índice de Derechos de Propiedad, España figura entre los países que peor protegen la propiedad privada, con una nota de apenas 6,452 puntos sobre 10 que nos deja en el puesto 27 de los 36 mercados de la OCDE que analiza el informe.

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