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Podemos, de nuevo, a favor del indulto a los delincuentes

Redacción cuentatucaso.com

Podemos ha vuelto a cargar contra el Tribunal Supremo por la decisión de éste de tumbar el régimen de semilibertad concedido a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell antes del tercer grado. Al respecto, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente del partido morado, que ayudó a los que decidieron huir de la justicia y siempre defendió la causa separatista, Jaume Asens, ha asegurado este viernes de que el Tribunal Supremo «se carga el Estado de Derecho» al «otorgarse competencias en materia penitenciaria».

Sin embargo, el auto del Tribunal Supremo responde a un recurso de apelación iniciado por la Fiscalía. Ésta considera que en Cataluña se han excedido con el artículo 100.2 y ha recurrido una y otra vez su aplicación, lo que llevó al juez de vigilancia penitenciaria de Lérida, encargado de validar los permisos carcelarios de Carme Forcadell, a elevar la cuestión al Tribunal Supremo, al considerar que correspondía decidir sobre su aplicación al tribunal sentenciador. Ahora, todos los recursos de apelación sobre este artículo acabarán en sus manos.

Al contrario de lo que el dirigente de Unidas Podemos piensa, el Tribunal Supremo decide sobre una irregularidad de las instituciones penitenciarias que están dando a lo presos del «procés» un tratamiento privilegiado frente al resto de presos, protegiendo de esta forma el «Estado de derecho» que estas instituciones están burlando y que están produciendo con ello un indulto encubierto. Las competencias penitenciarias están en manos de la Generalidad de Cataluña, gobernada por las mismas fuerzas políticas que iniciaron el «procés», donde algunos de los actores principales fueron condenados por delito de sedición, y otros huyeron de España para evitar ser juzgados. La Generalidad no ha parado de dar a los presos beneficios penitenciarios sin que los condenados se hayan arrepentido ni hayan expresado que no volverán a delinquir, algo básico para que puedan tener estos beneficios. También ratificó la Generalidad, la semana pasada, el tercer grado para los condenados sin haber cumplido el 50% de la condena.

Menos tiempo tardó en responder el que fue dirigente de Podemos y que hoy lo es del partido Mas País, Iñigo Errejón, cuestionando, además de la decisión judicial, que las decisiones al respecto sigan cauces judiciales que puedan entorpecer la vías de decisión tomadas entre los partidos, a las que él llama «solución política».

El sentido que tiene esta decisión judicial es volver a los cauces legales, protegiendo así el derecho de los españoles a ser iguales ante la ley y a que nadie nos pueda arrebatar un trozo de territorio fracturando así la unidad de España. El imperio de la ley es lo que esta sentencia protege frente a la arbitrariedad de la política que llega a ser contraria a la ley y al Estado.

El 100.2 permite a los presos una semilibertad a medio camino entre el segundo y tercer grado, por lo que el Supremo destaca que “va más allá de la aprobación de un programa individualizado de tratamiento y afecta, aunque se considerase que esa afectación es indirecta, a la clasificación del penado, quien inicia a través de su aplicación una cierta progresión tras valorar que la evolución de su tratamiento (…) le hace merecedor de ello”. El auto destaca además que el recurso del fiscal ante el Supremo tiene efectos suspensivos, pues la resolución que se pone en duda afecta a la «clasificación de penados» y a la «concesión de la libertad condicional», con lo que puede suponer «la excarcelación del interno». En otras palabras: la impugnación del 100.2 en apelación debe suponer la inmediata vuelta a la situación previa sin permisos, como ocurre también al recurrir el tercer grado ante el alto tribunal, que obliga a los presos a volver al segundo grado mientras se estudia el caso.

La argumentación que da el Supremo para tumbar el 100.2 permite además entrever su postura respecto al rápido camino que han seguido los presos del ‘procés’ hasta llegar al tercer grado: “Nuestra sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada. En los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática», explica. «Esta resolución es el controvertido punto de partida para el cumplimiento de la pena y, en consecuencia, para el modo de ese cumplimiento, que ha de discurrir por los cauces previstos en la legislación penitenciaria que, por otro lado (y esto es otra obviedad) no pueden ser utilizados en fraude de ley y para mostrar un desacuerdo más o menos encubierto con la condena impuesta”.

Pablo Iglesias y a Jaume Asens en el Congreso de los Diputados

Unidas Podemos siempre se ha mostrado favorable al indulto. En el pasado, tanto Jaume Asens, como Pablo Iglesias e Irene Montero, han puesto sobre la mesa la idea del indulto acompañada de otra posible vía: la derogación del delito de sedición.

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