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Podemos es corrupto, como no podía ser de otra manera

Redacción cuentatucaso.com

Un juez de Madrid ha imputado a Podemos como persona jurídica y a varios miembros de su cúpula, entre ellos unos de los colaboradores más estrechos de Pablo Iglesias, en una causa que investiga presuntas irregularidades contables y la existencia de una caja B en la formación para, entre otros destinos, repartir sobresueldos entre sus dirigentes.

El caso nace de una denuncia interpuesta por el que fuera responsable del equipo jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que fue despedido cuando, según ha declarado públicamente, se encontraba investigando todo esto. En la denuncia del ex abogado se acusa a la formación morada de malversación y administración desleal, entre otros posibles delitos, y se señala que una parte del dinero se pudo canalizar a través de contratos con una empresa llamada Neurona, con la que el partido trabajó en la campaña de las elecciones generales de abril de 2019. «Esta empresa fue constituida el 19 de marzo de 2019 expresamente para contratar con Podemos los gastos de campaña electoral», sostiene la denuncia, que destaca que el partido de Pablo Iglesias «ha celebrado contratos presuntamente irregulares con la empresa Neurona Comunidad SL en las elecciones generales celebradas este año 2019», en concreto para las del 28 de abril.  El instructor también ha reclamado al Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) que le informe sobre «el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social por la mercantil Neurona Comunidad S.L.».

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha citado como imputados a algunos de los máximos responsables de esos contratos. Uno es Juanma del Olmo, una de las personas más cercanas a Iglesias, secretario de Comunicación de Podemos y director de Comunicación y Estrategia en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno.

El juez Escalonilla también imputa al tesorero, Daniel de Frutos, y a la gerente, Rocío Esther Val, para escuchar su explicación sobre esos contratos y por posibles irregularidades en la adjudicación y financiación de las obras en la nueva sede nacional de Podemos en Madrid. Al arquitecto, Manuel Campos García, se le va a tomar declaración por ser otro posible foco de desvío de fondos. Los tres destacados miembros del organigrama de Podemos, deberán acudir al juzgado a prestar declaración el 20 de noviembre como investigados. También se sospecha del actual secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales, y diputado de Podemos, Rafael Mayoral, quien también habría participado como intermediario y comisionista, pero al estar aforado no se le ha tenido en cuenta para declarar como a sus citados compañeros.

El juez también reclama a la Policía Judicial recabar más información sobre Neurona y sus principales responsables. Para eso busca ramificaciones del caso en Brasil y en el papel que ha podido jugar Juan Carlos Monedero, vinculado a esta empresa con nexos chavistas. Y es que Calvente señaló al fundador de Podemos ante el juez como una persona que «se llevaba comisiones de Neurona» mediante «contratos simulados». De ahí que, para empezar, se ordene recopilar información de todas las sociedades mercantiles en las que Monedero aparezca entre los administradores.

La reacción de los morados sigue centrándose en echar balones fuera, culpando de todas estas investigaciones a la «cloaca mediática» y a movimientos de presión para sacarles del Gobierno. Ya tras los avances más recientes del caso Dina, Iglesias y su entorno se dedicaron a cuestionar a la prensa. En el caso de la financiación, además de rebajar la investigación judicial a «difamación mediática», Pablo Echenique ha cargado contra el juez que imputó a sus compañeros.

Esta misma táctica ha sido denunciada por el abogado Calvente, quien ha acusado al partido de hacer un «montaje» sobre «la patraña del caso Dina» en esta causa para sacar rédito electoral, presentándose como víctima de las «cloacas» en el marco de una investigación que ha amenazado ya con volverse en contra de Iglesias. Y es que el giro que ha tomado el caso Dina, una pieza que pertenece al caso Villarejo, ha tomado por sorpresa a las filas moradas, y aún es motivo de confusión para gran parte de la opinión pública. Dina Bousselham, antigua asesora de Iglesias en Europa y ahora directora del nuevo periódico de Unidas Podemos, afirmó ante el juez Manuel García Castellón que el líder del partido morado le entregó la tarjeta de su móvil robado de forma totalmente destruida. La afirmación supuso que a Iglesias, hasta entonces considerado víctima en el caso Villarejo, perdiera su condición de perjudicado y se empezara a sospechar sobre él por posible destrucción de pruebas.

Tribunal de cuentas

Por si fuera poco, la fiscalización que el Tribunal de Cuentas está haciendo de los gastos electorales de los partidos en relación a las generales del 28 de abril del pasado año, ha señalado también al partido liderado por Pablo Iglesias. Unidas Podemos presentó gastos irregulares por valor de 425.037,41 euros, parte ellos destinados a pagar a una consultora con vínculos con la izquierda hispanoamericana y que asesoró al chavismo. De los 6,1 millones declarados por Podemos en gastos electorales para cobrar la preceptiva subvención, el Tribunal de Cuentas señala que 130.000 «no han sido debidamente justificados» ya que, aunque la formación morada aporta trabajos realizados y ha indicado los actos en los que se han prestado los servicios «sólo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños, sin acreditar la efectiva participación del proveedor», explica el organismo para rechazar las facturas. Los otros 290.700 euros directamente no se consideran gastos electorales, ya que, por ejemplo, incluyen la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes o análisis de comportamiento de influencers, votantes y competidores. Y es que, aunque son trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información, el Tribunal considera que «los trabajos preparatorios para realizar la publicidad electoral no se encuentran incluidos en ley».

Financiación ilegal

Además, hay sospechas de una posible financiación ilegal desde el régimen chavista de Venezuela o Irán, bajo investigación por parte del Seblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). De hecho, éste ha detectado ya que 360 Global Media, la productora vinculada a Podemos, se habría financiado con 9,3 millones de euros de empresas que recibían dinero directo de Irán. Dicha productora firmó varios acuerdos con el actual vicepresidente para grabar los programas de For Apache en Hispan TV. Así, en 2015, Iglesias renovó el contrato con la misma de los que un 15% se destinaba a financiar CMI, la firma a través de cual se producía La Tuerka, donde el equipo de Iglesias estaba cobrando 3.000 euros a la semana por ese acuerdo. Venezuela, por su parte, habría financiado a Podemos a través de la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), que ha recibido fondos del régimen chavista por 7,1 millones de euros entre 2002 y 2012. Los pagos a la fundación, de los que fueron beneficiarios directos Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Verstrynge se desglosan en uno de 1,6 millones de euros en 2008 y varios de 2,8 millones de euros más en el período 2009-2012. Estas cantidades se sumarían así a los 3,7 millones de euros recibidos anteriormente por CEPS por otros trabajos de asesoramiento al gobierno bolivariano.

Corrupción

Estos casos nos recuerdan a otros casos protagonizados por otros partidos con anterioridad. Y es que no hay corrupción diferente en los partidos, pues éstos no crean la corrupción, sino que son parte de la corrupción. El régimen de partidos español es una oligarquía de partidos donde estos privilegiados detentan el poder arrogándose la facultad de ser los organismos de naturaleza estatal por donde se vehicula la soberanía nacional. No sólo la protección de aforados, sino la facultad de elegir a los diputados mediante las listas de partido y la no existencia de separación de poderes, donde el vigilante y el vigilado son el mismo sujeto, les permite aventurarse en comisiones y delitos que demuestran que el enriquecimiento es el motivo de estar en política y la corrupción es factor de gobierno en la partidocracia, provocando el desgobierno de lo público y la traición a la sociedad española.

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